En carta remitida a la Vicepresidenta, se recuerda la obligación del Gobierno de España de respetar el cumplimiento de los acuerdos internacionales y en consecuencia retire el anteproyecto en cumplimiento de los mismos.
Madrid, 3 de julio de 2014. Redacción FAECAP (A.A.). Por iniciativa de Amnistía Internacional España, la Federación de Asociaciones de Enfermería Familiar y Comunitaria (FAECAP) junto con otras 175 organizaciones de ámbito estatal, autonómico e internacionales, han enviado una carta a la Vicepresidenta del Gobierno, Dª Soraya Saénz de Santamaría, en la que solicitan que se retire el anteproyecto de Ley orgánica para la protección de la vida del concebido y los derechos de la mujer embarazada, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 20 de diciembre de 2013 y que quiere que ratifique el Congreso antes de finales de año.
En la carta se recuerda al Gobierno que la adopción definitiva de este proyecto provocaría múltiples vulneraciones del derecho a la salud, a la vida y a la información de las mujeres y niñas. Creando un clima de miedo que podría llevar al personal sanitario a rechazar casos, no pudiendo por ello informar ni prestar servicios adecuadamente a las mujeres.
Recordando las recomendaciones que tanto Naciones Unidas como el Consejo de Europa han hecho al Gobierno español, instándole a que garantice la plena aplicación de la Ley Orgánica 2/2010, actualmente en vigor.
Con la suscripción de esta carta FAECAP, en representación de las 13 sociedades científicas de Enfermería Familiar y Comunitaria de ámbito autonómico que la integran, se reafirma en su posicionamiento emitido en enero de 2014 de que la modificación de la actual Ley, incrementará las desigualdades sociales en salud, y supondrá un grave riesgo para las mujeres y jóvenes que no tengan medios para abortar en los países de nuestro entorno, lo que supondrá un gran retroceso de la Salud Pública en nuestro país.
FAECAP considera necesario que, para evitar los embarazos no deseados, tanto el Gobierno del Estado como los Gobiernos Autonómicos asuman su responsabilidad de poner en marcha el acceso de toda la población a Programas de educación sexual y servicios encaminados a la formación, información y asesoramiento en materia de Salud Sexual y Reproductiva a hombres y mujeres. Facilitando todas las medidas necesarias para que se respete la dignidad de las mujeres y se facilite una maternidad y paternidad libre y responsable.
