FAECAP, considera que la reforma prevista por el actual gobierno supone un riesgo para la salud física, psicológica y social de las mujeres.
Toledo, 7 de enero de 2014. Junta Directiva de FAECAP, A.A.. Tras la aprobación el pasado 20 de diciembre, por parte del Consejo de Ministros, del Anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada, norma que suprime el derecho al aborto tal y como estaba concebido en la actual ley de plazos (14 semanas de embarazo), Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo 2/2010, de 3 de marzo, la FAECAP a través de su Junta Directiva manifiesta su preocupación por el riesgo que la nueva propuesta supondrá para la salud física, psicológica y social de las mujeres.
¿POR QUÉ EN FAECAP ESTAMOS EN CONTRA DE LA REFORMA?
- Según datos del propio Ministerio de Sanidad, la cifra de abortos en el último año descendió un 5%, lo que viene a ratificar que la legislación actual de plazos no produce “efecto llamada” sino todo lo contrario. http://www.msssi.gob.es/profesionales/saludPublica/prevPromocion/embarazo/docs/IVE_2012.pdf
- La reforma fomentará la discriminación social. Las mujeres que tengan recursos económicos continuarán con su decisión de abortar en otros países y las que no, se verán obligadas a recurrir a métodos clandestinos, que pondrán en peligro sus vidas. Recordemos que según la OMS, el aborto inseguro es una de las cuatro causas principales de mortalidad y morbilidad materna.
- Las modificaciones propuestas en el anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de la Vida del Concebido y de los Derechos de la Mujer Embarazada, contradicen resoluciones internacionales sobre el derecho a la salud reproductiva (maternidad deseada y sin riesgos) y a la salud sexual (vida sexual placentera y sin riesgos): Convenciones Internacionales de las Naciones Unidas, El Cairo 1994 y Beijing 1997, y la resolución 1607 (2008) del Consejo de Europa. Donde se reconoce la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho en Europa, instando a respetar la autonomía de elección de las mujeres, y recomendando a los Gobiernos de los Estados Miembros a que se garantice la accesibilidad a la interrupción del embarazo y que ésta se practique de forma segura “despenalizar el aborto si no lo han hecho aún, allá donde sea delito, y garantizar el derecho de las mujeres a esta práctica y levantar las restricciones existentes”.
- La Asamblea de Naciones Unidas afirma el derecho de todos los seres humano, incluidas las mujeres, al respeto por su integridad física y a la libertad para controlar sus propios cuerpos. En este contexto, “la decisión última de practicarse o no un aborto debería ser un asunto que sólo concierne a la mujer, y ella debería tener los medios para ejercer ese derecho de una forma efectiva” (Recomendación 6ª).
- Las carencias en la formación y acceso a los métodos anticonceptivos, se apuntan como una de las causas principales por las que anualmente millones de mujeres se someten a prácticas de alto riesgo para su salud. Se evidencia que las medidas que apuntan a evitar el embarazo, cuando éste no se desea, son las más seguras y las menos costosas en términos de vidas humanas y de recursos materiales y humanos.
- La prohibición de la interrupción voluntaria del embarazo, según la evidencia científica, no conlleva una reducción de las mismas, sino que se produzcan en peores condiciones sanitarias. (Organización Mundial de la Salud (OMS) – The Lancet, 2012).
- Durante el 2004, la OMS cifraba en 46 millones los abortos realizados en el mundo (el 58% del total de embarazos no deseados), de los cuales 19 millones son clandestinos; mujeres que resolvieron sus embarazos no deseados sometiéndose a abortos clandestino de alto riesgo. Esto supone 55.000 abortos de riesgo diarios con más de 180 mujeres muertas por esta causa. (OMS, Unsafe Abortion. Global and regional estimates of the incidence of unsafe abortion and associated mortality in 2000, 4a Edición, Ginebra, 2004).
- Desde 1995, la OMS exige que los países desarrollen distintas estrategias para hacer frente a la mortalidad por abortos inseguros. La actual ley con su eliminación del supuesto por malformaciones fetales, podría conllevar un incremento del número de abortos en la clandestinidad y en consecuencia mayor riesgo de morbimortalidad por esta causa y con importante repercusión socioeconómica para las familias y el estado.
- Otras de las modificaciones de la Ley es que, el consentimiento expreso o manifestación de su voluntad a la interrupción voluntaria de su embarazo, o los asentimientos o consentimientos de sus progenitores o tutor, cuando fueran necesarios, no se podrá prestar hasta que hayan transcurrido, al menos, 7 días desde el asesoramiento asistencial e información clínica a la mujer. La ampliación de plazos frente a los 3 días actuales aún en los supuestos que la nueva Ley reconoce, entendemos que no responde a ningún criterio que lo justifique.
En cuanto a los principios básicos de bioética, decimos:
- La reforma permitirá que el Estado decida por las mujeres, obligándolas a tener hijos contra su voluntad, algunos con terribles malformaciones. El anteproyecto de Ley vulnera el principio de autonomía de las mujeres y de las parejas, impidiéndoles la posibilidad de elegir libremente una vez informadas de todas las alternativas existentes, tal y como permite la actual Ley en vigor.
- La mujer es persona, portadora como tal de derechos fundamentales y el no nacido es un bien jurídico a proteger, en ningún caso es persona, por tanto no es titular de derechos fundamentales, por lo que sus derechos no pueden entrar en conflicto con los derechos fundamentales de la mujer.
- Vulnera el principio de No maleficencia (no hacer mal al otro), al someter a riesgos psicosociales tanto a la mujer y/o la pareja obligándoles a continuar o llevar a término un embarazo cuyo feto puede tener secuelas incompatibles con la vida.
- Vulnera el principio de beneficencia (procurando el mayor bien del otro) cuando se le obliga a continuar con un embarazo que no se desea.
POR TODO ELLO FAECAP CONSIDERA:
Que una modificación de la actual Ley en los términos propuestos, incrementará las desigualdades sociales en salud, y un grave riesgo para la salud de las mujeres que no tengan medios para abortar en los países de nuestro entorno, lo que supondrá un gran retroceso de la Salud Pública en nuestro país.
Y EXIGE al actual Gobierno:
- Que no continúe con las medidas restrictivas a la ley del aborto.
- Que potencie Programas de educación sexual y servicios encaminados a la formación, información y asesoramiento en materia de Salud sexual y reproductiva a hombres y mujeres.
- Que respete la dignidad de las mujeres y les facilite una maternidad libre y responsable.
