Las veinticinco organizaciones que conformamos la alianza Más Sanidad Pública y Universal, denunciamos hoy la inacción de los poderes públicos, incapaces de adoptar las medidas necesarias para hacer frente a esta situación.
- Lanzan la campaña ‘Dar la cara por la Sanidad’, que recoge el testimonio de diferentes víctimas de la Covid-19, profesionales y pacientes, que asisten perplejas a cómo vuelven a repetirse las escenas que vivieron hace ocho meses.
- Las organizaciones recuerdan que el incremento en gasto sanitario de 64 euros por habitante al año que contiene el borrador de los presupuestos está muy lejos del necesario aumento de 1.000 euros por habitante al año que vienen reclamando.
- Critican también que cada comunidad autónoma pueda decidir unilateralmente a qué destinar los fondos que recibe del Gobierno y que suponen más del 80% del gasto sanitario público.
18/11/2020. Ocho meses después, la segunda ola de la Covid-19 vuelve a causar un imparable aumento del número de contagios y fallecidos, a sacudir la vida de las residencias de personas mayores, a llevar al límite al personal sanitario y a poner contra las cuerdas al sistema público de salud. Este escenario, como denuncian hoy las veinticinco organizaciones que conforman la alianza Más Sanidad Pública y Universal, tiene su origen en la inacción de los poderes públicos, incapaces de adoptar las medidas necesarias para hacer frente a esta situación.
Son personas como Esther, enfermera, que durante la primera ola trabajó en un gimnasio habilitado con camas para pacientes con Covid-19 porque no había sitio en las UCI, usando trajes improvisados con bolsas de basura como única protección. Hoy vuelve a estar en primera línea, viendo día a día cómo la moral de sus compañeros y compañeras y la suya propia se va resquebrajando por la falta de personal, recursos y material. Una experiencia muy similar a la de Elena, médico especializada en enfermedades tropicales, que recuerda la incertidumbre ante la llegada de los primeros pacientes de Covid-19 a su hospital, sin protocolos ni conocimiento suficiente sobre el virus, y las jornadas maratonianas sin descansar más de cuatro horas seguidas. Ahora, la desconfianza en la gestión política y el hartazgo es total, asegura.
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Hemos analizado los presupuestos para Sanidad
Estas historias ponen rostro a las consecuencias que está teniendo la pandemia. Desde su inicio, las organizaciones de la alianza han propuesto una serie de recomendaciones para reforzar el sistema sanitario público y hacer frente a la crisis sanitaria. Lo hicieron durante el trabajo de la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social, y lo volvieron a hacer hace tan solo unas semanas cuando enviaron un documento al Gobierno con propuestas para hacer frente a esta segunda ola de la pandemia. Los presupuestos generales, que estos días se negocian en el Congreso de los Diputados, recogen tímidos avances en esta materia pero, según la alianza, todavía siguen siendo insuficientes.
Buena muestra de estos avances es el aumento de la partida de Sanidad que irá destinado a materias clave, como el refuerzo de la atención primaria con 1.089 millones de euros; la adquisición de vacunas frente a la Covid-19, a la que se destinan 1.011 millones; o la renovación de las tecnologías sanitarias, que contará con 400 millones de euros.
Sin embargo, dejando a un lado los fondos europeos —que tienen carácter extraordinario— y el aumento de 49,5 millones de euros del presupuesto de MUFACE (organismo público que gestiona las prestaciones sociales de los funcionarios, entre ellas, la sanidad), esta cuantía supone solo un incremento de 64 euros por habitante al año, muy lejos de los 1.000 que viene reclamando la alianza. Una cifra, recuerdan las organizaciones, que situaría a España en la media del gasto sanitario de los países de nuestro entorno y que ayudaría a recuperar una sanidad pública de calidad.
La responsabilidad de las autonomías en la distribución de los fondos
También advierten de que uno de los principales escollos se encuentra en la partida que el Estado transfiere a las comunidades autónomas y que supone más del 80% del gasto público total. Al tratarse de fondos no finalistas, el destino de estas partidas es responsabilidad de los gobiernos regionales a través de los presupuestos autonómicos, algo que puede generar una desigualdad enorme entre las comunidades en función de cómo decidan distribuirlas cada una de ellas. En ese sentido, la alianza reclama que se establezcan mecanismos de financiación finalista que garanticen que los nuevos fondos van destinados a las áreas clave.
Asimismo, las organizaciones respaldan la exención de los copagos a nuevos colectivos de personas vulnerables, ya que acabar con esta barrera disminuirá significativamente el número de pacientes que no pueden acceder a sus medicamentos por problemas económicos.
Según las entidades de la alianza, estos presupuestos mejoran los anteriores, pero siguen siendo insuficientes para devolver a la Sanidad al lugar que le corresponde como pilar
fundamental del Estado social. Es necesario, añaden, un mayor incremento de la financiación acompañado, además, de la urgente reforma de la política farmacéutica y de medidas que aseguren el blindaje frente a las privatizaciones y una potenciación real de la Atención Primaria. Solo así, concluyen, podremos acabar con los problemas estructurales que afectan a la sanidad española y hacer frente a esta y a futuras pandemias.