FAECAP considera que el CGE no respeta la opinión de la gran mayoría de profesionales que se manifiestan claramente en contra del anteproyecto de Ley del Aborto del Gobierno.
Junta Directiva de FAECAP (A.A.), 6 de marzo de 2014. La publicación por el Consejo General de Enfermería (CGE) de su posicionamiento ante el anteproyecto de “Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada”, ha provocado el total rechazo de todas las sociedades científicas de Enfermería Familiar y Comunitaria que en ningún momento han sido consultadas. Por ello, desde FAECAP denunciamos que la Junta Directiva del CGE no dice la verdad, una vez más, cuando asegura que “aglutina y representa” a las más de 250.000 enfermeras y enfermeros del Estado Español.
Para FAECAP y las 13 Sociedades Científicas de Enfermería Familiar y Comunitaria que representa, es incomprensible la absoluta falta de rigor científico y profesionalidad del documento, al que el CGE titula “Reflexiones con ocasión del Anteproyecto de la Ley Orgánica para la protección de la vida del concebido y de los derechos de la mujer embarazada”.
Para las Sociedades Científicas de Enfermería Familiar y Comunitaria no cabe ningún tipo de neutralidad ni ambigüedad en un asunto tan importante para la salud física, psicológica y social de las mujeres. Legislar sobre la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) exige el respetar la libertad de las mujeres para decidir cuando quieren ser madres, puesto de manifiesto por FAECAP en su comunicado del pasado 6 de enero de 2014, tras conocerse la aprobación por parte del Consejo de Ministros, del anteproyecto de Ley Orgánica de Protección de los Derechos del Concebido y de la Mujer Embarazada que suprime el derecho a la Interrupción Voluntaria del Embarazo tal y como está regulado en la actual ley de plazos, Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo 2/2010, de 3 de marzo.
El CGE falta a la verdad cuando asegura, en su documento, que es respetuoso con todas las opiniones y juicios, pues lo único que hace es manifestar su, a nuestro juicio, ambigua y NO PROFESIONAL opinión sobre la IVE, coincidiendo con el Gobierno en que se trata de un tema simplemente jurídico. Para FAECAP, nunca respetar la opinión puede traducirse en “tú opina lo que quieras que yo haré lo que me dé la gana”.
El documento se limita a hacer una referencia a la evolución de la normativa sobre la IVE. Describe escuetamente algunos de los planteamientos que se están utilizando en contra y a favor de la actual legislación, y hace referencia a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional sobre el estatuto jurídico del embrión de 1985 (coincidiendo con uno de los argumento en el que se basa el Gobierno para cambiar la Ley). Para finalizar, incluye consideraciones sobre la ética y doctrina deontológica enfermera y la objeción de conciencia de los profesionales sanitarios. En ningún caso, plantea la problemática sanitaria que para las mujeres supondrá el cambio legislativo propuesto.
Para FAECAP es indignante y una falta de toda ética profesional que un documento de estas características no incluya los aspectos sanitarios, sociales y humanos que la modificación de la actual Ley supondrá para todas las mujeres. Siendo lamentable que para el CGE la principal novedad de la nueva Ley, según se indica en su documento, es que mejora la regulación de la objeción de conciencia de los profesionales, ya existente.
Por todo ello, creemos necesario denunciar la falta de rigor del documento publicado por le CGE y reiterar los argumentos profesionales por los que, la Junta de FAECAP y las 13 Sociedades Científicas que la integran, estamos en contra de hacer ningún tipo de cambio en la actual Ley de plazos (Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva y de Interrupción Voluntaria del Embarazo 2/2010, de 3 de marzo de 2010).
Consideramos que es inadmisible que una organización sanitaria que dice representar a un colectivo de 250.000 enfermeras, no se posicione claramente ante un problema de salud pública y social, y respalde con su ambigüedad una Ley que va contra los derechos humanos de las personas: “A nadie se le puede obligar a ser madre ni padre”.
Para FAECAP la reforma de la Ley supone:
- Poner en riesgo la salud y vida de las mujeres que no tengan otra opción que recurrir a abortos clandestinos, suponiendo un gran retroceso de la salud pública en nuestro país.
- Incrementar las desigualdades sociales en salud para aquellas mujeres que no tengan medios para acceder a la IVE en países de nuestro entorno.
- Y que el Estado será el que decida por las mujeres y las obligará a ser madres contra su voluntad. Sometiendo a riesgos psicosociales a la mujer y/o su pareja, obligándoles a llevar a término un embarazo no deseado.
POR TODO ELLO, EXIGIMOS al actual Gobierno del Estado Español:
- Que no modifique la actual Ley de plazos.
- Que facilite y potencie la formación y acceso a los métodos anticonceptivos, que se ha comprobado que son las medidas más seguras y menos costosas en términos de vidas humanas y recursos sanitarios.
- Que respete la dignidad de las mujeres, facilitándoles una maternidad libre y responsable.
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