En defensa de la sanidad pública: por la derogación de la reforma sanitaria (Real Decreto Ley 16/2012), la mejora de la financiación y la recuperación del empleo.
El Sistema Nacional de Salud (SNS) es un instrumento de solidaridad y redistribución social mediante la atención integral a la salud. A pesar de ello, ha sido y es objeto de políticas que lo ponen en riesgo,alterando su gestión, provisión, producción y financiación.
Uno de estos últimos ataques fue la aprobación del RDL 16/2012, que con el objetivo de reducir el gasto sanitario provocó una reforma que supuso el cambio del aseguramiento y, como consecuencia, la exclusión de grupos de población en función de su situación administrativa, renta y edad; la fragmentación de la cartera de servicios, para introducir nuevos copagos; y la modificación de la prestación farmacéutica, para ampliar el copago y extenderlo a los pensionistas
Su efecto inmediato fue el aumento de los problemas estructurales del Sistema Nacional de Salud (SNS). Junto a ello, los duros recortes económicos han agravado, especialmente, la insuficiencia presupuestaria del SNS.
Pero el Real Decreto-ley 16/2012 y su fallido desarrollo reglamentario, han generado nuevos problemas, como la exclusión del sistema sanitario en condiciones de equidad a cientos de miles de personas y el impacto negativo del actual modelo de copago farmacéutico, especialmente para las personas con niveles de renta más bajos, y su inadecuación para las situaciones de especial necesidad vinculadas a cronicidad o pluripatologías.
La consecuencia ha sido el aumento de la desigualdad entre las personas.
Además, los recortes presupuestarios en los servicios autonómicos de salud han conllevado la pérdida de miles de puestos de trabajo y la precarización de las condiciones de trabajo; el cierre de algunos centros, unidades o servicios; el incremento de las listas de espera; la prevención y la salud pública han perdido peso en la estructura sanitaria; la atención primaria ha visto reducido su presupuesto; la satisfacción de los usuarios cae por tercer año consecutivo; las urgencias siguen colapsadas. Sin embargo, el gasto en conciertos sanitarios apenas ha tenido reducción y el gasto sanitario de los hogares ha crecido mientras que se reducía el de las administraciones públicas.
Por otro lado, las CCAA han adoptado diferentes fórmulas, tanto para dar respuesta a las necesidades de asistencia sanitaria a los excluidos, la mayoría de ellos inmigrantes en situación administrativa irregular, como para gestionar los copagos farmacéuticos hospitalarios, entre las que se incluye también el incumplimiento de las normas.
El resultado en el sistema sanitario ha sido el aumento de la desigualdad territorial.
Se han producido numerosas protestas, movilizaciones y manifestaciones contra las medidas llevadas a cabo desde todos los frentes posibles, organizaciones y asociaciones humanitarias, sindicales, profesionales y movimientos ciudadanos que confluyeron en una Declaración Institucional por la Universalidad del Derecho a la Salud apoyada por todos los partidos de la oposición.
Estos años de gobierno del PP han sido un gran fracaso que no ha solucionado los problemas existentes y ha creado otros nuevos con consecuencias en la salud de las personas, provocando el rechazo político, social e institucional. En este período se ha intensificado las privatizaciones, totales y parciales, sobre todo en las CCAA gobernadas por el partido que sustenta el Gobierno.
Unas políticas que han sido y son objeto de rechazo político, social e institucional.
Por último, en Enero de 2014 el Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) concluyó que el Real Decreto-Ley 16/2012 no es conforme a la Carta Social Europea (CSE), debido a la exclusión del acceso a la atención médica para los extranjeros adultos en situación irregular. Lo hace estableciendo que “la crisis económica no debe dar lugar a una disminución de la protección de los derechos reconocidos por la Carta. Por lo tanto, los gobiernos deben tomar las medidas necesarias para garantizar que estos derechos estén efectivamente garantizados cuando la necesidad de protección sea mayor” o que “la crisis económica no puede ser un pretexto para la exclusión o restricción del acceso a la atención sanitaria que afecta a la esencia misma de ese derecho”.
España incumple, pues, los artículos 11 y 19 de la CSE sobre protección en materia de asistencia sanitaria.
En definitiva, reformas y recortes que son un fracaso porque no han solucionado los problemas existentes y han creado otros nuevos con consecuencias en la salud de las personas.
Por todo ello, proponemos:
- Garantizar un SNS universal, equitativo y gratuito en el momento del acceso a las prestaciones. Promover una normativa que determine la naturaleza pública del SNS y garantice su financiación, gestión, provisión y producción públicas.
- La derogación del Real Decreto-ley 16/2012, de su desarrollo reglamentario y de la normativa acompañante y relacionada con el espíritu de esta reforma, restituyendo el derecho universal a la protección de la salud y a la asistencia sanitaria, en condiciones de equidad. Evaluar los efectos en la salud y el incremento de desigualdades ocasionados por el Real Decreto-ley 16/2012 y las políticas de las CCAA, en especial, las restricciones presupuestarias, la colaboración público-privada y los modelos de gestión y organización.
- Derogación de la Ley 15/1997 y el conjunto de la normativa sobre las diversas formas de gestión y la colaboración público-privada (concesión de obra y concesión administrativa) para la financiación de la construcción y gestión de centros sanitarios, con el fin de eliminar dichas prácticas y la participación de las empresas privadas en la sanidad pública.
- Rechazar los nuevos copagos en la atención sanitaria (transporte sanitario no urgente, prestación ortoprotésica, productos dietéticos…) y el actual modelo de copago farmacéutico por su impacto negativo.
- Establecer un modelo de financiación sanitaria que garantice la suficiencia de los recursos y sirva para atender los servicios de asistencia sanitaria en el conjunto del SNS y en cada una de las CCAA, además de asegurar la equidad y recuperar los recursos económicos perdidos a lo largo de la crisis. Recuperar el Fondo de Cohesión en relación con sus fines de cohesión sanitaria, equidad, solidaridad y corrección de desigualdades, y dotarlo del presupuesto adecuado para ello.
- Dar mayor protagonismo a la Salud Pública y a la Atención Primaria e incrementar sus presupuestos. Proponer una mejora de las urgencias en todos los niveles de atención que garantice una respuesta inmediata a la población, con los recursos necesarios.
- Asegurar la suficiencia de profesionales y la planificación de recursos humanos y recuperar el empleo destruido en el SNS y crear el necesario como objetivo de las políticas de cohesión del sistema sanitario, incrementando, entre otras, las plazas de personal de formación sanitaria especializada.
- Promover en las Administraciones Públicas el fortalecimiento del modelo de participación social en todos los niveles territoriales con competencias en el SNS, según lo establecido en la Ley de Cohesión y Calidad en el SNS y la Ley General de Sanidad y originado en la Seguridad Social.
